• Ausencia de una evaluación social previa al financiamiento de las iniciativas despertó críticas entre académicos expertos en transportes.

Santiago, Chile. 18 abril, 2012. Pese al consenso general que despertó entre los parlamentarios la idea del gobierno de abrirse a otorgar subsidios a otros modos de transporte público no convencional, como los ferroviarios, marítimos o aéreos, la iniciativa recibió ayer fuertes críticas desde el mundo académico, que calificó como un “error” el hecho de no someter dichas iniciativas a una instancia de evaluación social.

El proyecto, que comenzará a discutirse la primera semana de mayo en la Cámara Baja, incorpora, además del mecanismo de aportes fijos por $370.000 millones anuales durante una década, dos modificaciones básicas: la apertura a otros modos no convencionales de transporte público y la eliminación del requisito que implicaba haber sido licitados para recibir el aporte.

Según indica el texto -ingresado ayer con la firma del Presidente Sebastián Piñera a la Cámara de Diputados-, se modificará el artículo 3° de la nueva ley de subsidio al transporte público, en el sentido de exigir la condición de “servicio en base a contratos” (de licitación) por “bases, contratos o resoluciones”, lo que implica una apertura a que el subsidio pueda llegar a cualquier tipo de transporte masivo, independiente de su tamaño, modelo de operación o condición de demanda.

Este elemento, a juicio del académico de la UDP, Carlos Melo “elimina la imposición de una evaluación social que hoy se hace a todo proyecto público con aporte estatal. Así, lo que hace el proyecto es asegurarse de cubrir el déficit, pero de ninguna manera es una política que use bien el dinero, de eso no se hace cargo”.

En tanto, el investigador de Libertad y Desarrollo y académico de la UDD Rodrigo Troncoso planteó que “en general es como la dinámica al revés, primero se ponen los fondos y luego se busca el servicio, cuando en definitiva lo que debemos hacer es escoger el servicio más eficiente y luego buscar el financiamiento estatal”.

Otra de las propuestas que no tiene clara su puesta en práctica -pese a que fue expresamente solicitado por los parlamentarios- es la incorporación de los taxis y radiotaxis como beneficiarios del subsidio. Esto porque tanto operadores como académicos coincidieron en que “resultará muy complejo porque no se cuenta con un sistema específico para controlar cuánta gente los usa”, como aseguró el académico Carlos Melo.

Monto

El Estado traspasará unos $ 840.000 millones en subsidios.