Diputados pedirán a la justicia paralizar HidroAysén por irregularidades

• Cámara Baja aprobó el informe de la comisión de Derechos Humanos que acusa diversas transgresiones a la normativa en la tramitación del megaproyecto.

  Fuente: La Segunda

Santiago, Chile. 12 abril, 2012. Por 41 votos a favor, 23 en contra y 12 abstenciones la Sala de la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, que investigó la tramitación del megaproyecto energético Hidroaysén, instancia que acordó pedir la paralización del megaproyecto por haber detectado numerosas irregularidades.

El diputado Sergio Ojeda (DC), presidente de la citada comisión, sostuvo que no se explica cómo se terminó aprobando la tramitación del proyecto hidroeléctrico y criticó abiertamente a aquellas instancias que evaluaron y aprobaron ambientalmente la construcción, de propiedad de las empresas Colbún y Endesa.

Ojeda confirmó que como comisión investigadora de la Cámara de Diputados, solicitarán la paralización del proyecto a las instancias que correspondan, principalmente el ministerio del Medioambiente.

El informe votado en el Congreso que será derivado al Ministerio Público, quedará a disposición de todas las organizaciones interesadas en presentarlo ante las instancias legales pertinentes, incluso tribunales internacionales, afirmó el parlamentario DC.

La investigación de la comisión se realizó en medio de una serie de protestas impulsadas por las organizaciones sociales que se oponen a la central, tras el fallo de la Corte Suprema a favor del proyecto, y donde se cuestiona el voto del juez Pedro Pierry por su conflicto de interés en el tema. “Legalmente creemos que no tenía impedimento, pero éticamente si”, comentó el diputado PS Marcelo Schilling al comentar un proyecto de ley que busca normar estas situaciones.

Acorssi hace hincapié en inhabilidades

Por su parte, el diputado PPD y miembro de dicha instancia, Enrique Accorsi, indicó que en dicho informe se pudo recabar antecedentes sobre las actuaciones de la Dirección Regional de Evaluación Ambiental de Aysén, a partir de una serie de actos y omisiones susceptibles de fiscalización, como las presiones indebidas de ministros de Estado a funcionarios públicos, informaciones inexactas y omisiones sobre los requisitos ambientales del referido proyecto.

“Además, se dio cuenta de conflictos de interés de personas y servicios, que llevan a pensar que este proyecto hidroeléctrico no debió ser aprobado en el gobierno anterior ni en este gobierno”, afirmó Accorsi.