Cristián Armas: “Las inmobiliarias compran terrenos en áreas agrícolas, pero no hay que confundirlo con lo del Caso Caval”

• Entrevista con gerente general corporativo de Empresas ARMAS.

Fuente: Pulso

JULIÁN MAZZUCCO E.
A nivel general, Cristián Armas, CEO de Empresas Armas, está de acuerdo con la propuesta de la comisión Engel. No obstante, explica que hay “algunos puntos por limar”, sobre todo en las propuestas que se vinculan al negocio inmobiliario.

Ya sea en relación o no con el Caso Caval, lo cierto es que se propone regular la especulación inmobiliaria asociada a los cambios en los planos reguladores y reforzar el límite de duración de los permisos de construcción. En esta línea, Armas plantea que es necesario penas para quienes filtren información sobre cambios en la planificación de la ciudad y, también, pide que se tome en cuenta que tres años de vigencia para un permiso de edificación (que es lo que se plantea) podría afectar mucho a una empresa durante una crisis económica.

– Se propone establecer medidas para que el Estado capture más ganancias por los cambios de uso de suelo de agrícola a urbano, ¿cuál es su opinión?
Me parece razonable que cuando una tierra pasa a ser urbana la tasación se corrija. Creo que ese es el método correcto para hacerlo. Pero, si el método es generar un nuevo impuesto, pienso que la discusión de los impuestos ya está concluida por este periodo. Es razonable pensar que si sube el valor del terreno por el cambio a urbano el Estado debería recaudar más, vía contribución. No obstante, ya hay suficientes impuestos nuevos, sobre todo en el rubro inmobiliario, que se finalmente se traspasarán a los precios de las viviendas.

– Según la comisión, es necesario limitar a tres años la vigencia de los permisos de edificación, ¿Qué efecto puede tener en el negocio inmobiliario?
El plazo de tres años es un plazo ridículamente corto. El problema que se da es cuando hay una crisis. Si una empresa tiene un permiso y el país entra en crisis, que puede durar entre tres y cuatro años, no es posible obligarla a construir durante recesión. ¿Lo van a obligar a construir y perder plata? En las crisis habitualmente los bancos no dan financiamiento. Creo que si se quiere corregir el reglamento, se debería dar un plazo mayor.

– ¿Es razonable cinco años de vigencia de los permisos?
Hay que pensar que hay proyectos que tienen etapas, entonces, estas obras deberían tener un periodo de entre cinco y seis años. De lo contrario, el efecto podría ser muy negativo. En la crisis del 2009, en la industria se tuvo que parar proyectos por más de tres años y es muy complicado perder los permisos. Es un tema muy sensible para este sector.
– La presidenta dijo que hay que “evitar los negocios irregulares y especulativos. Nadie podrá sacar ventajas indebidas con los cambios en los planos reguladores”. ¿Cuál es su percepción de esta intensión?

Creo que la intensión que propone la Presidenta es razonable, pero no hay que olvidar que lo que pasó en el Caso Caval es uso de información privilegiada respecto a un plano regulador.

– Pero es habitual que las empresas inmobiliarias tomen posición en terrenos que creen serán urbanos.
Las compañías inmobiliarias toman el riesgo de adquirir terrenos en áreas rurales. Nadie garantiza que eso será urbano en algún momento. Este riesgo se toma no por una posición especulativa. Las inmobiliarias compran terrenos en áreas agrícolas porque necesitan tener tierra a futuro, pero no hay que confundirlo con lo sucedido en el Caso Caval.

– ¿Cómo se podría regular algo así?
Creo que en el caso de Caval las instituciones funcionaron, porque se detectó el problema y se tomaron las acciones. No obstante, debe existir una confidencialidad muy estricta en la información que se implica en el proceso de elaboración del plano regulador. Deben ponerse penas para quienes trabajan en estos cambios y transmiten la información. Es lo mismo que pasa con los directores de las sociedades anónimas, que cuando se prepara una fusión, o adquisición, donde ellos están inhabilitados para hacer cualquier transacciones o enviar información hacia afuera.

– Respecto al financiamiento de la política, ¿cómo evalúa sobre la posible eliminación de los aportes reservados y que sólo se pueda aportar como persona natural?
Me parece muy bien. De hecho, nosotros como empresa nunca hemos aportado. Hemos realizado aportes a título personal. Además, el tema de que sean aportes reservados no funcionaba. Es importante que una empresa no capture y no tenga el incentivo a capturar a un candidato. Pero, una persona natural tiene el derecho a entregar todo lo que quiera y a quien le parezca.

– ¿Pero le parece bien que se ponga un límite a los aportes?
No, porque Chile es un país libre. Si una persona quiere donar lo que quiera, que lo haga. Sí es importante poner límite al gasto electoral.