Conservador de Rancagua dice que no fue contactado para apurar inscripción de predios que vendió Caval

• Yo no he ido al Conservador, dijo la intendenta de OHiggins, Morín Contreras, ante versiones que señalan que habría visitado esas dependencias para agilizar el traspaso de los terrenos.

Fuente: El Mercurio

A. VON BAER y J. JEREZ
El jueves, funcionarios de la Fiscalía Regional de O’Higgins terminaron de hacer copias de las cámaras de seguridad del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua (CBR), para que sean revisadas por persecutores. Esto, con el objeto de indagar una supuesta visita de una autoridad regional a esas oficinas, para apurar el trámite de inscripción de los tres predios en Machalí que Caval -sociedad en que participa la nuera de la Presidenta, Natalia Compagnon- vendió a Silca Servicios, por $9.500 millones.

Paralelamente, el conservador Mauricio Astudillo Pizarro anuncia que hará su propia revisión, para descartar de plano los hechos. “Pretendemos empezar la próxima semana”, dice. Aunque, previo a esa inspección, afirma que no ha sido contactado para acelerar la inscripción de la venta -proceso que finalizó el 25 de febrero- que Caval concretó el 5 de febrero, tras firmar la escritura pública que ingresó cinco días después al CBR.

El 16 de febrero, el Ministerio Público designó al fiscal regional Luis Toledo como responsable de la investigación. Días después, según cuenta Astudillo, “el fiscal me solicitó un respaldo de las cámaras de seguridad. Me envió un oficio, no me dijo para qué, ni por qué lo necesitaba, y obviamente tampoco le pregunté”.

Luego de eso, explica: “Me llegó un rumor de que una autoridad del gobierno regional había venido a pedir que se apurara el trámite de inscripción de estas escrituras. Esa fue la primera noticia que yo tuve”. Ante ello, Astudillo descarta haber sido, personalmente, objeto de alguna solicitud. “A mí, nadie me pidió, me visitó, me llamó, me mandó recados, ni para apurar, retardar, inscribir o rechazar la inscripción. Hicimos un trabajo sin presiones de nadie: ni de personas comunes y corrientes, ni de abogados de las partes, ni menos de autoridades”, dice, afirmando que nunca fue contactado por Caval. Ni en esta venta, ni cuando la empresa inscribió en marzo de 2014 los predios después de adquirirlos a Wiesner S.A.

Astudillo relata que ha sido consultado por supuestas gestiones que habría hecho una funcionaria del Conservador. “Esta información decía que la autoridad que habría venido habría hablado específicamente con una persona que trabaja aquí, y nos dieron el nombre. Es una estudiante en práctica; hablé con esa persona, me dijo que no conocía a esa autoridad, que no había recibido petición, visita o recado de nadie en relación a este punto”, explica. Y acota que una gestión de esa índole habría sido “absurda”, pues en su calidad de practicante, “ella no tenía absolutamente ninguna injerencia en la tramitación de procesos de inscripción”.

Consulta al personal
Entonces, Astudillo reunió a todos sus empleados. “Les pregunté lo mismo, si habían recibido lo que fuera, respecto de esta inscripción. Y me manifestaron que nada y que no han visto a la persona específica que supuestamente habría venido”.

El abogado advirtió a sus trabajadores que “se iba a hacer una revisión de las cámaras, así que ‘por favor piensen bien lo que me están respondiendo’. Y me insistieron en su versión. Sin perjuicio de que el Ministerio Público ya cuenta con las grabaciones, yo obviamente voy a revisar por mi cuenta. Se los advertí y voy a cumplir”.

Intendenta niega versión
Ayer por la tarde, tras finalizar una actividad con el ministro de Transportes, Andrés Gómez-Lobo, la intendenta de la Sexta Región, Morín Contreras, descartó los trascendidos en la zona, que indicaban que era ella quien habría hecho la visita.

“Han señalado algunos medios que esta intendenta fue al CBR y que por eso le han solicitado las cámaras. Esa afirmación es absolutamente falsa, yo no he ido al CBR, no he ido. Seguramente se lo habrán presentado al fiscal y por eso él habrá solicitado esta gestión”, dijo, afirmando que el gobierno regional colaborará con las pesquisas de la fiscalía.

Consultada por si otros funcionarios del Ejecutivo regional hicieron alguna gestión, respondió: “De mi servicio no, desconozco absolutamente”.

Análisis en la Fiscalía Nacional
En tanto, el fiscal Toledo, acompañado del fiscal adjunto Sergio Moya, trabajó ayer en dependencias del Ministerio Público en Santiago. Según se informó en la Fiscalía Regional, Toledo se reunió con especialistas del organismo persecutor para compartir información y realizar un análisis jurídico de los antecedentes recopilados hasta la fecha, con miras a establecer la existencia de algún tipo de posibles delitos.

Diputado Castro (PS) oficia al Ministerio de Vivienda
En la sesión del miércoles de la Cámara de Diputados, en hora de incidentes, el diputado PS Juan Luis Castro pidió la palabra, para “solicitar oficio a la señora ministra de Vivienda y Urbanismo, doña Paulina Saball, sobre cinco puntos”. En el contexto de las indagatorias de la Fiscalía por el caso Caval, el parlamentario por Rancagua pidió a Saball dar entrega de una nómina, con “todas las empresas de gestión inmobiliarias y constructoras con sus respectivas razones sociales que han iniciado y/o adjudicado proyectos habitacionales, con sus respectivos nombres de comités de viviendas beneficiados, en trámite entre el año 2010 y hasta el 2015 a la fecha”.

En segundo lugar, el diputado solicitó que se informe sobre litigios judiciales y administrativos que actualmente estén en desarrollo o ya fallados en instancia penal, civil o administrativa, respecto de cualquiera de las empresas constructoras o Egis (Entidades de Gestión Inmobiliaria Social) comprendidas en el primer punto.

“Tercero, que precise la señora ministra qué rol calificador de dichas empresas Egis y constructoras ha tenido la seremi de Vivienda de la Sexta región”, señaló, junto con pedir información sobre incumplimientos que hubiese detectado la seremi “respecto de dichas instituciones privadas en el cometido de su tarea de intermediación o construcción habitacional”.

En cuarto lugar, pidió “informar en forma precisa cuáles son las razones por las cuales el seremi de Vivienda de la Sexta Región y todo otro profesional de dicha cartera ha tenido o no inhabilidades en el ejercicio de su rol regulador en el actual período de gobierno, si es que hubiesen tenido actividades privadas con anterioridad a la ocupación de cargos en el actual gobierno regional”.

Y, por último, el diputado socialista solicitó que el Minvu dé cuenta de “por qué el Plan Regulador Intercomunal del valle de Cachapoal se decidió reactivar el año 2014, no obstante que ya había sido desestimado” por algunas de las comunas que comprende. “La razón por la cual se decide su reactivación con los efectos de consecuencias que hoy día todos conocemos es cuanto puedo solicitar”, cerró Castro.