Consejo de Desarrollo Urbano propondrá revisar impuestos territoriales y contribuciones

• Documento con iniciativas será entregado a la Presidenta la primera quincena de enero.También plantea asignar cuotas de viviendas sociales y la creación de servicios regionales de urbanismo.

Fuente: La Tercera

Karen González T.
A comienzos de abril, la Presidenta Michelle Bachelet firmó el decreto que creaba el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, una entidad de carácter consultivo y permanente, que elaboraría propuestas para terminar con la segregación social en las ciudades del país.

En enero, y luego de ocho meses de trabajo, el consejo entregará su primer informe a la Mandataria, donde se incluyen mecanismos para facilitar la inclusión e integración de toda clase de viviendas.
Entre las propuestas, que fueron discutidas en las sesiones plenarias de la entidad y en distintos foros públicos, se establece que las comunas destinen porcentajes de su territorio para la construcción de viviendas sociales, de forma que los terrenos que por ley los proyectos inmobiliarios deben ceder a los municipios para equipamiento, puedan ser destinados para este fin.

Asimismo, se plantea que se permita aumentar la densidad (cantidad de habitantes por hectárea) en sectores de las ciudades con buen acceso a transporte público, bajo la condición de que los proyectos inmobiliarios que se construyan -como condominios de edificios-, incluyan un porcentaje de viviendas que se adquieran con subsidios.

Según el presidente del consejo, Luis Eduardo Bresciani, “debe existir una autoridad regional quien, a través de planes regionales o metropolitanos, pueda establecer obligaciones a las comunas para que cumplan con ese porcentaje de integración social”.

Para el director de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, Vicente Domínguez, ésta es una medida que “podría ser atractiva dependiendo de lo que establezca la norma, si al desarrollador inmobiliario le cuadran los números para hacer el proyecto”.

Por otro lado, el consejo propone revisar y modificar algunos impuestos, como aumentar la tasa que grava los terrenos eriazos para incentivar su uso para fines urbanos y bajar el umbral de precio de las viviendas exentas del pago de contribuciones de bienes raíces, de forma que aumenten los recursos en las comunas donde se reciben menos tributaciones.

“Hay muy pocas herramientas en los territorios locales para generar recursos y solo recaudan un porcentaje de las contribuciones desde el nivel central”, dice Genaro Cuadros, director del Laboratorio Ciudad y Territorio de la U. Diego Portales. Agrega que “hay comunas que sólo tienen viviendas sociales y no pagan impuestos. Aquí el Estado debiera compensar”.

Así también, se plantea la creación de los Servicios Regionales de Desarrollo Urbano, entidades similares a la Cormu que funcionó en las décadas del 60 y 70. “Estos servicios serían dependientes del gobierno regional y con amplias capacidades y recursos para definir, diseñar y ejecutar proyectos (…). También podrían focalizar el gasto público en infraestructura, parques urbanos, transportes y equipamiento social e intervenir en zonas vulnerables”, explica Bresciani.

Al respecto, Carlos Montes (PS), presidente de la Comisión de Vivienda del Senado, dice que comparte la necesidad de crear una instancia especialista para avanzar en esta materia. “Si es la mejor forma institucional, depende de si hay gobiernos metropolitanos o no”, sostiene.

Banco de suelos
Paralelamente, el informe propone la creación de un banco de suelos que aúne todos los terrenos disponibles en diversas instituciones públicas y empresas estatales. Así también se pide al Estado aumentar los estándares que se exigen para proyectos públicos y privados, en materia de áreas verdes, infraestructura, equipamiento y acceso a transportes.

“La falta de estándares en la ley es el causante de los problemas de congestión y falta de infraestructura en las comunas (…). Por eso es fundamental contar con servicios más descentralizados que vean todos los aspectos”, comenta el alcalde de Maipú, Christian Vittori, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades.

Al respecto, Domínguez plantea que “aumentar el porcentaje que un proyecto deja para estas materias no me parece el camino. Si se destina más superficie a la vialidad y equipamiento, la vivienda sale más cara”.

Si bien al interior del consejo no existe consenso absoluto para estas propuestas, el documento estará sellado antes de fin de año. Sin embargo, como señala Cuadros, “será el Ejecutivo el que priorizará cuáles medidas propuestas se van a realizar y cómo. Estas son a largo plazo y probablemente traspasarán muchos gobiernos”.