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Ex ministra de Obras Públicas se incorpora como socia al estudio de Jorge Bofill y Ricardo Escobar

07/05/2014

  • Loreto Silva, quien es abogada de la Universidad de Chile, se sumará al equipo legal formado por los también socios Francisco Aninat, Daniel Praetorius y Sebastián Yanine.

Fuente: El Mercurio

La ex ministra de Obras Públicas del gobierno de Sebastián Piñera, Loreto Silva.

Santiago de Chile, 4 mayo de 2014. La ex ministra de Obras Públicas del gobierno de Sebastián Piñera, Loreto Silva, debutará mañana lunes como nueva socia del estudio jurídico Bofill Escobar, la compañía de abogados formada por Jorge Bofill y el ex director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Ricardo Escobar.

Silva -quien es abogada de la Universidad de Chile- se sumará al equipo legal formado por los también socios Francisco Aninat, Daniel Praetorius y Sebastián Yanine.

Según cercanos a la ex ministra, su decisión de incorporarse a la empresa se debe a varios factores. Uno de ellos es su larga amistad con Ricardo Escobar. Asimismo, conocedores de su llegada sostienen que pesó mucho la visión común que tiene con este estudio sobre el ejercicio profesional, en cuanto a dar una mirada estratégica -y no meramente jurídica- a la solución de los conflictos y desarrollo de proyectos.

En paralelo, comentan que la ex ministra quiso optar por un estudio más nuevo y pequeño, debido a que existe un mayor involucramiento de los socios en las asesorías con sus clientes.

Antes de ser convocada por Piñera para liderar el MOP, Loreto Silva se desempeñó como fiscal de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), fue socia del estudio jurídico Morales y Besa -liderando el equipo de mercados regulados de la empresa- y, por una década, trabajó como abogada de la Cámara Chilena de la Construcción.

En sus cuatro años en el sector público -donde trabajó primero como subsecretaria del MOP y, posteriormente, como ministra, reemplazando en el cargo a Laurence Golborne-, Loreto Silva implementó una estrategia judicial que derivó en ahorros por cerca de US$ 200 millones al fisco, vinculados a la defensa de los intereses del Estado.