• Nuevo dictamen refuta cada una de las reconsideraciones que presentó el municipio al dictamen emitido en 2012.

Fuente: El Mercurio

Santiago, Chile. 7 junio, 2013. La Contraloría General de la República emitió un dictamen en que confirmó las irregularidades que en 2012 detectó en la entrega de permisos de edificación al Mall de Castro y que esa municipalidad de esa comuna deberá regularizar.

Esto, pese a los argumentos de reconsideración que presentó el municipio al informe de octubre pasado que se refería a la legalidad de los permisos de edificación N° 108 de 2008 y N° 309 de 2011 otorgados por la Dirección de Obras Municipales.

La Delegación Chiloé del Colegio de Arquitectos de Chile celebró la resolución. Su presidenta, Vesna Yurac, dijo que con esta resolución se demostró la existencia de una acción premeditada para faltar a la ley.

El dictamen, firmado por el contralor Ramiro Mendoza, refuta cada uno de los argumentos del municipio castreño.

Respecto al permiso 108, dice que infringe la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, pues se edificó una superficie mayor al proyecto autorizado que corresponde a un equipamiento menor, definición dada por las características de las calles que le dan acceso, entre otros aspectos.

Asimismo, confirmó discrepancias entre la superficie útil declarada, ya que se omitieron las bodegas que se construyeron en los pisos 3 y 4. Según el municipio, esos sectores no se deben considerar como “superficie útil”, ya que no serían “unidades funcionales independientes” del mall , sino que accesorias a un par de tiendas. Pero la Contraloría rechazó el argumento.

También el organismo descartó la declaración del municipio respecto a que la obra estuvo siempre a cargo de un constructor. Contraloría determinó que el movimiento de tierra, que partió el 6 de mayo de 2010, y la obra gruesa y espacios comunes, el 10 de noviembre de ese año, comenzaron “sin que conste que la obra, a esa data, hubiere estado a cargo de un constructor”.

En cuanto a la legalidad del contrato de transacción entre el alcalde Nelson Águila y las empresas Inversiones e Inmobiliaria Océano S.A. y Tenglo S.A. -el cual deja sin efecto las multas e infracciones si las empresas cumplían con las normas y paralizaba las obras-, el dictamen plantea: en él el municipio “se compromete a no dar cumplimiento a ciertos mandatos legales como el procedimiento administrativo de aplicación de multas o el de fiscalización de obras, entre otros, situación que jurídicamente no resulta aceptable”.