• Esto, luego de que durante el año pasado se iniciara una investigación en el Ministerio Público para definir si existe coordinación ilícita o algún delito en la licitación de los edificios de los centros de justicia. La Fiscalía Nacional Económica asesorará al máximo tribunal del país en esta tarea.

Fuente: Estrategia

Santiago, Chile. 28 septiembre, 2012. En una acción inédita, la Corte Suprema implementará una unidad con un estándar de preparación suficiente para detectar todas las infracciones a la libre competencia –sobre todo las relacionadas a la colusión–, en sus procesos de licitaciones y de compra. Esta área, en tanto, se activará en el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ).

Todo esto, luego de que el Presidente de la Corte Suprema y del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Rubén Ballesteros y el fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, suscribieran un convenio marco de cooperación para la capacitación de funcionarios de la CAPJ para las mencionadas labores.

Cabe recordar que el año pasado, el ex presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, entregó antecedentes al el fiscal nacional, Sabas Chahuán, solicitándole una investigación que definiera si existe colusión o algún delito en la licitación de los edificios de los centros de justicia, la que se estaría llevando a cabo.

Esto se trata de la Inmobiliaria El Vergel que habría obtenido el 50% de los proyectos de este tipo, mientras las otras razones sociales vinculadas a esa compañía lograrían otro porcentaje superando el 83%. Todo ello, presentándose como único o únicos oferentes en los últimos años.

En cuanto al convenio, la CAPJ se comprometió a evaluar periódicamente la implementación de mejoras a los procesos de contratación que gestiona. La FNE, por su parte, se obligó a prestar capacitación a la entidad en materia de prevención y detección del ilícito de colusión entre oferentes en licitaciones y en los procesos de contratación de dicha corporación y absolver consultas en materia de libre competencia y, en particular, sobre coordinación ilícita en subastas.