Recurren a Consejo para la Transparencia para conocer estudio sobre falla de San Ramón del Minvu

• Distintas organizaciones recurrieron al Consejo para la Transparencia en contra del Ministerio de Vivienda por negarse a dar a conocer el documento público “Estudio de la falla geológica de San Ramón”, que originaría incluso una modificación al Plan Regulador Metropolitano de Santiago.

Fuente: Universidad de Chile

Santiago, Chile. 15 junio, 2012. La Red Ciudadana por Ñuñoa y la Fundación Defendamos la Ciudad solicitaron a la seremi de Vivienda, Marisol Rojas, el “Estudio de la falla geológica de San Ramón”. Sin embargo, ésta se negó a entregarlo afirmando que forma parte de los antecedentes para la aprobación del nuevo Plan Regulador Metropolitano.

Las organizaciones calificaron esto como “una tremenda contradicción” y llegaron al Consejo para la Transparencia para solicitar que el organismo le exija a la autoridad revelar el material e incorporar así los antecedentes a una presentación que realizaron a Contraloría, pidiendo que no se aprobaran las modificaciones al plan regulador, ya que no se consideraron las observaciones ciudadanas.

El secretario del colegio de Arquitectos, Julio Alegría, afirmó  que dentro de estas inquietudes es fundamental la preocupación por la falla de San Ramón, que se extiende por cerca de 25 kilómetros entre los ríos Mapocho y Maipo, y que podría generar un terremoto de 7 grados en la escala Richter.

“Me parece que es una falta de claridad tremenda, es una inmoralidad, por cuanto al no poner en conocimiento a las personas de un riesgo geológico, se está poniendo en riesgo la posibilidad de que las personas elijan vivir allí o no, también. La falta de transparencia al final de cuentas puede transformarse en una situación de muertes por omisión”, indicó Alegría.

Por su parte, Moisés Scherman, dirigente de la Red Ciudadana por Nuñoa añadió que esta situación es grave ya que, en definitiva, no se está haciendo nada por impedir que se repitan daños como los del terremoto del 27 de febrero del 2010 al permitir que se construya en zonas de alto riesgo y añadió que esta conducta “no es nueva” en el actuar de las autoridades de Vivienda.