En 15 años, MOP ha pagado compensaciones por US$ 673 millones a concesionarias

• Según expertos y ex ministros, los principales errores incluyen ampliación de obras, cambio en el diseño de los proyectos, demora en la expropiación de terrenos y deficiencias en los estudios de ingeniería, entre otros.

Fuente: El Mercurio

Santiago, Chile. 7 junio, 2012. En diciembre de 2002, cuando se licitó Vespucio Sur, las autoridades se dieron cuenta de que el proyecto era más grande que sólo construir la carretera interurbana entre la rotonda Grecia y Autopista del Sol: también existía la intención de construir un colector de aguas lluvia en ese sector y de extender la Línea 4 del Metro, por lo que era necesario ampliar el proyecto original.

Según el entonces ministro de Obras Públicas, Carlos Cruz, el colector y la línea de Metro se incorporaron “a la obra porque de otra forma habría sido necesario romper dos veces el mismo lugar”. Así, por un proyecto para el que se habían destinado US$ 270 millones originalmente, se debió pagar un valor extra de US$ 23 millones por compensaciones.

Este es uno de los ejemplos que explica cómo, en los últimos 15 años, el Estado ha pagado a las concesionarias de obras públicas US$ 673 millones en multas o compensaciones derivados de 39 reclamos. La cifra es comparable al costo del Puente Chacao, que costaría no más de US$ 740 millones.

Los reclamos han sido tramitados en comisiones conciliadoras o tribunales arbitrales, que son la instancia prevista por la Ley de Concesiones para resolver estas controversias.

Los principales factores que justifican estas desavenencias son ampliación de obras, cambios en los diseños de los proyectos, atrasos en las expropiaciones de terrenos, o deficiencias en los estudios de ingeniería. Según los expertos, son factores que pudieron evitarse o disminuirse con la puesta en marcha de una superintendencia de obras públicas, proyecto que ingresó al Congreso en 2007.

El impulsor de la iniciativa, el ex titular del MOP, Eduardo Bitran, afirma que “lo obvio era hacer lo que hemos hecho en todos los sectores regulados: una superintendencia que controle la calidad del servicio. Y eso tan obvio duerme el sueño de los justos en el Parlamento”.

Incluso, el ex ministro Sergio Bitar afirma que “me llama la atención que, en los casi dos años y medio que van corridos de este gobierno, no se haya activado el tratamiento de la superintendencia”.

Si bien las autoridades del MOP no quisieron referirse formalmente al tema, comentaron que más que una superintendencia, es necesario fortalecer las bases de licitación, el consejo de concesiones y el sistema de resolución de controversias.

Camino de la Fruta

Con todo, en los próximos días podría llevar sus reclamos ante una nueva comisión conciliadora la empresa responsable del Camino de la Fruta. Este proyecto se llamó a licitación en noviembre de 2008, mientras se elaboraba el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). El 17 de abril de 2010 se inició la concesión.

Sin embargo, en mayo 2010 el MOP retiró el EIA para complementar las medidas de mitigación. Así, en noviembre de 2011, el MOP reingresó el estudio, y hoy está en etapa de calificación.

Lo concreto es que las obras llevan dos años detenidas. En el MOP están conscientes de que en cualquier momento puede producirse un reclamo de la concesionaria, pero creen que no corresponde el pago de compensaciones, ya que en los contratos se estipula que la obra se inicia una vez que esté aprobado el EIA.

Para el presidente de la Asociación de concesionarios Copsa, Clemente Pérez, las empresas reclaman por aspectos que les generan costos no previstos en el contrato: “Un 30% de estos costos se originan por problemas de expropiación, y otro 30% viene de obras nuevas que el Estado encarga muchas veces sin establecer la forma de pago. El MOP generalmente licita con un proyecto que no está definido en detalle, generalmente licita con una ingeniería conceptual o básica, pero no de detalle”.

Los expertos y ex ministros afirman que las compensaciones equivalen a un 6,3% del total de la inversión en obras públicas. “Es una cifra importante, pero no escandalosa. En América Latina, Chile está dentro de los países que en materia de litigios tiene un resultado favorable”.

Las recomendaciones de los expertos van desde invertir mayores recursos en las etapas de estudio e ingeniería de los proyectos, hasta crear la superintendencia y potenciar el rol del comité de expertos. Para muchos, además, la solución pasa por una ley que permita al Estado recomprar las obras concesionadas.

Empresas mantienen 32 controversias abiertas con el ministerio

Hasta cuatro años puede durar un litigio entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y las concesionarias, que se dirimen en comisiones conciliadoras y tribunales arbitrales. Actualmente existen 32 causas pendientes, según información proporcionada por la cartera a través de la Ley de Transparencia.

De las 46 obras concesionadas que se encuentran en explotación, 16 están en controversia, ya sea en comisión conciliadora o tribunales arbitrales. Las concesionarias que tienen la mayor cantidad de reclamos son Centro de Justicia de Santiago, Vespucio Norte y el embalse Convento Viejo II, con cuatro cada una.

La concesionaria de Convento Viejo informó que concluyeron tres controversias con acta de conciliación. El gerente general Sergio Casas-Cordero indicó que el acuerdo “incorporará a riego 17.000 hectáreas de secano y construirá una minicentral hidroeléctrica de 14 MW”.

El Grupo 1 Cárceles (Iquique, La Serena y Rancagua), la que a la fecha ha recibido el mayor pago del MOP, se encuentra en etapa de sentencia por un reclamo por mayores costos de explotación de los recintos. El segundo litigio está en comisión conciliadora. En opinión de la empresa, “se podría mejorar que, una vez zanjadas las controversias, debiera garantizarse la obligación de materializar los acuerdos en un tiempo breve”.

El listado no incluye la controversia de la Ruta de la Madera, por el término anticipado del contrato de concesión. El martes, la Contraloría cursó, con observaciones, el pago estipulado por la comisión conciliadora, de UF 55.504,01 (unos US$ 2.492.000). Como parte del acuerdo, la concesionaria tuvo que rebajar las tarifas de peaje desde junio de 2010.

Los reparos de la Corte Suprema a la comisión arbitral

Una de las principales modificaciones a la Ley de Concesiones en 2010 apuntó hacia avanzar en el sistema de solución de controversias. Específicamente, se creó un comité de expertos permanente, compuesto por cinco personas, para analizar y supervisar las obras licitadas que se están ejecutando.

Además, se creó una comisión arbitral para resolver desavenencias. Esta instancia la integran abogados que deben ser ratificados por la Corte Suprema, además de profesionales respaldados por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

En enero de 2011, si bien la Corte Suprema ratificó el nombramiento de 20 abogados integrantes de esta comisión, cuestionó la forma en que el MOP llevó a cabo el llamado público a concurso para postular a los cargos.

“De los postulantes que se presentaron, que son en número 37, solo nueve de ellos presentaron antecedentes, y el resto se limitó a indicar en su respectiva presentación o curriculum, las actividades en las que podían acreditar idoneidad”, según el acta N° 4 de 2011.

El máximo tribunal atribuye los errores a un proceso iniciado por internet y cuyas publicaciones fueron poco claras. Además, cuestiona que los abogados sólo debían presentar documentos que acrediten haber destacado en la actividad profesional, y omitir los referentes a su actividad académica. “Esta omisión (…) es de enorme importancia, ya que es ilegal, por cuanto la ley expresamente dice que los postulantes deben haber destacado en la actividad profesional o académica, lo que omite la publicación del llamado a concurso, adoleciendo en consecuencia todo el concurso de un vicio de ilegalidad”, dice el acta antes mencionada.

En tanto, en enero de 2011 el TDLC devolvió los antecedentes de los postulantes al MOP, ya que la documentación “era insuficiente para constatar la ausencia de inhabilidades e incompatibilidades que les afectaran”, y se recomendó iniciar un nuevo concurso.

Al respecto, en el MOP comentan que el nuevo proceso de selección está por finalizar, y que el TDLC dentro de los próximos días debería entregar la nómina de los seleccionados.