• A cuatro años del catastro realizado por el gobierno anterior, todavía más del 70% de las familias registradas en el estudio sigue viviendo en campamentos.

Fuente: El Mercurio

Manuel Valencia
Cuando en 2011 el gobierno anterior anunció el resultado de un nuevo catastro nacional de campamentos, la cifra generó polémica. Según el estudio, en la primera administración de la Presidenta Michelle Bachelet, la cantidad de tomas subió de 490 en 2007 a 756 en 2011. Es decir, habría aumentado de 8.493 familias a 33 mil.

Una de las razones del cambio era una nueva metodología: antes se consideraban tomas las agrupaciones de al menos 10 familias y en el nuevo estudio se consideraron como tales las de, al menos, ocho familias.

Ante esto, las autoridades anunciaron un plan para erradicar definitivamente los campamentos en Chile.

La idea del Ejecutivo era formalizar algunos campamentos y eliminar otros a través de la entrega masiva de 18 mil subsidios habitacionales que les permitirían a las familias comprar o construir una vivienda formal.

Cuatro años después, un informe del Ministerio de Vivienda y Urbanismo al que accedió “El Mercurio” a través de la Ley de Transparencia, muestra que la meta aún dista de cumplirse.

Según el informe, entre 2010 y 2014, el Estado entregó 14.489 subsidios para familias de campamentos. De ellos, 5.139 (el 35%) se convirtió en unavivienda. Otros 226 (2%) fueron rechazados por las familias. El grueso de los beneficios, 9.124 (63%), aún no se ha ejecutado. Es decir, son documentos que no se han traducido en una solución habitacional, pese a que en el catastro oficial del gobierno anterior las familias a las que benefician lucen como “solucionadas”.

En la realidad, un balance realizado por el Minvu el año pasado muestra que aún hay 535 tomas, 71% de las 756 registradas en 2011. Esto no considera las que se generaron después de ese año y que no son parte del catastro con el que se trabaja el plan.

Ana Claudia Amar, coordinadora nacional del programa de campamentos del Minvu en la administración anterior, atribuye la situación a una falta de gestión de las actuales autoridades del Minvu. “La obligación del Gobierno es lograr que los subsidios se ejecuten y entregarle apoyo a las familias. Ese proceso de acompañamiento nosotros lo hacíamos. Llevábamos a las familias a las viviendas, y trabajábamos de uno a uno. Así logramos ese 30% de ejecución de subsidios. Ese trabajo ahora se interrumpió. La obligación del Estado es responderle a las familias, sino son invisibles”, dice.

Desde el actual Minvu no respondieron específicamente los motivos de la baja ejecución, pero señalaron por escrito que la entrega de subsidios “es una fase de la intervención y un instrumento para lograr la solución definitiva. La estrategia se asocia a proyectos de solución de los campamentos. Dado que cada una de estas acciones tiene asociado un plan de intervención que se trabaja con las familias y sus organizaciones, la comunidad está al tanto de las fases de trabajo de la estrategia y de los tiempos asociados a la entrega de la solución definitiva”.

Las familias de campamentos difieren de esta visión. La directora nacional de la organización “Todos somos chilenos”, Ana Duque, afirma que los “gobiernos de la Concertación tienen la palabra ‘social’ a flor de labios, pero siempre prometen mucho y cumplen poco. Estamos cansados de decirle al Ministerio de la Vivienda que hay falta de información, que no porque pongan un comercial en la tele, o un cartel o pendón con del nombre del programa y logo del Gobierno, la gente va a saber lo que significa. Falta en las familias capacidad de ahorro y de saber cómo se hacen las cosas. El enredo de la información solo produce más desinterés y más pobreza”.

Uno de esos casos es el del campamento Manuel Bustos, de Viña del Mar, que sigue siendo el más grande del país, con cerca de 1.035 familias. María Medina, vocera del asentamiento, cuenta que en el sector “hay una lista muy grande de familias que están a la espera. El subsidio para comprar no sirve porque cubre $12 millones y acá en Viña las casas bien ubicadas no bajan de $20 millones. Y si uno no tiene con qué aportar más, los bancos no dan préstamos. En el caso de nosotros, la mejor solución es que nos urbanicen acá; eso es lo que estamos haciendo con el gobierno regional”, detalla.

Magallanes sin tomas
En el documento también se desglosan las entregas de subsidio por regiones. Las que tradicionalmente tienen mayor valor de suelo y, por lo tanto, de viviendas, son las que logran menor ejecución de los subsidios. La Región Metropolitana es una de ellas. De los 3.150 subsidios entregados para erradicar campamentos, el 73% (2.324) no se ha convertido en viviendas. En Valparaíso, de las 2.747 subvenciones otorgadas a familias, solo 865 se han concretado versus el 66% (2.747) que no ha permitido financiar la compra o la construcción de una vivienda.

La Región de Magallanes es la que única que tiene todos los subsidios consumados. Los 20 entregados en 2012 están ejecutados, con lo cual, es la primera zona del país en cerrar todos sus campamentos.
Informe de la UC en 2013 reveló dificultades de la erradicación

En 2013, el Minvu pidió al Observatorio de Ciudades de la UC un estudio para verificar el avance del plan de campamentos. En él se evidenció que habían cerrado 87 y que otros 153 estaban en proceso de término en el mediano plazo, con grados de mejora en su condición. De ellos, 81 regularizaron sus terrenos para una urbanización.

Eso sí, en ese documento, se muestra que otros 23 campamentos dejaron de ser considerados como tales porque redujeron su tamaño mínimo de ocho familias: así, sin cerrar, salieron de la nómina por no corresponder a la definición de “campamento”.

Los otros 417 que se mantenían como tales revestían complejidades, como emplazamientos en zonas de riesgo (de derrumbes, inundaciones, sanitarios o por cercanía a una línea férrea) y un 15% de familias inhábiles, que ya habían recibido subsidios o eran solteras, por ejemplo.

Las metas del ministerio en su período
Según el Gobierno, del catastro de 2011 que registró 657 campamentos a nivel nacional (27.378 hogares), 159 tomas han cerrado a diciembre de 2014. Ahora quedan 498, en los que habitan 24.928 familias.

En el Minvu señalan que la meta de la actual administración es cerrar 60 campamentos durante 2015, 80 el 2016 y 100 el 2017. “Los otros 258 campamentos restantes estarán con un camino de solución trazado y en distintas fases de ejecución de sus proyectos”, afirman.